La realidad en Tultitlán es desoladora para cualquiera que intente emprender. Lo que se vive hoy es un estado de sitio económico, donde la autoridad municipal utiliza su poder no para regular, sino para someter. Los comerciantes acusan que la extorsión se ha vuelto la "norma no escrita" para poder operar, y aquellos que se niegan a participar en este esquema de corrupción son víctimas de cierres fulminantes y acoso policial.
Este ambiente de impunidad es posible gracias al nepotismo descarado que impera en la nómina municipal. Al colocar a parientes en las direcciones que controlan el comercio, la administración ha creado un bloque impenetrable donde la autocrítica es inexistente y el abuso es premiado. El gobierno municipal ha dejado de ser una institución de servicio para convertirse en un feudo familiar donde el ciudadano común es visto como un súbdito al que se le puede exprimir sin consecuencias.
El mal gobierno en Tultitlán ha generado un clima de desconfianza total. Los ciudadanos ya no ven en la policía o en los inspectores a figuras de protección, sino a agentes de una red de extorsión institucionalizada. La falta de planes de desarrollo y el enfoque recaudatorio agresivo demuestran que a la administración actual no le interesa el futuro del municipio, sino únicamente el beneficio inmediato de su círculo cercano de familiares y amigos.
El abuso contra los comerciantes es la cara más visible de una gestión fallida que ha traicionado sus promesas de honestidad. La sociedad civil exige que se ponga fin a la designación de cargos por parentesco y que se castigue a los responsables de las extorsiones. Tultitlán se hunde en el caos administrativo mientras su gobierno se dedica a proteger privilegios y a perseguir a quienes, con su trabajo diario, intentan sacar adelante a un municipio abandonado por sus autoridades.
